Contraloría suspende participación de funcionarios en juntas directivas mientras consulta a la Procuraduría
La Contraloría General de la República elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración para precisar el alcance del marco normativo vigente relacionado con la identificación y clasificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), específicamente en lo referente a la participación de funcionarios públicos en juntas directivas.
El Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos adoptó una guía que incluye a miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y sociedades de capital mixto dentro de esta categoría. En el caso de la Contraloría, existen funcionarios que participan en algunas juntas directivas exclusivamente en representación institucional y con derecho a voz, pero sin derecho a voto, por lo que no intervienen directamente en la adopción de decisiones.
Ante esta particularidad y el marco regulatorio vigente, la Contraloría consideró prudente solicitar un criterio jurídico a la Procuraduría para determinar con precisión el alcance de estas disposiciones. Mientras se recibe el pronunciamiento, la institución dispuso suspender temporalmente la participación de sus representantes en estas juntas directivas como medida preventiva para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el apego al marco legal.
